domingo, 4 de julio de 2010

Respuesta a una polémica no pedida

Por: Hugo Guerra

Sábado 3 de Julio del 2010

Pese a no haber sido mencionado, el señor Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación de Toledo, en la edición de ayer de este diario “responde” mi crítica (26/6/10) a la modificación del actual sistema de elección de rectores universitarios.

Asumo y doy por cerrado el reto: Dice el señor Sota que “las universidades públicas, por el sistema de elección y participación imperante, se agotan en los problemas del antegrado, sus autoridades son inestables y la universidad toda es proclive al autismo”.

El problema no es ese. El procedimiento actual es correcto en tanto permite que las autoridades sean elegidas por los órganos de gobierno que corresponden al claustro: una asamblea y los consejos de facultad. Hoy, además, los estudiantes tienen una participación ordenada a través del Tercio Estudiantil.

Modificar ese sistema so pretexto de que Sendero lo aprovechó para infiltrarse en la universidad supone que las lecciones de la realidad peruana no han sido adecuadamente evaluadas por el señor Sota, o que incurre en un argumento demagógico, cosa que imagino imposible en quien fue rector de la UNI durante largos años (en los cuales SL también operó en esa casa de estudios).

De la enorme lista de razones por las cuales el senderismo campeó en las universidades desde fines de los años 70 mencionemos apenas un par: la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos en la asignación de presupuestos dignos envileció a los centros de estudios superiores, sumiéndolos en una miseria donde estalló la frustración de varias generaciones de maestros y estudiantes agitados por las prédicas criminales de SL y el MRTA. Asimismo, muchas autoridades, rectores incluidos, optaron por traicionar a sus universidades y a la democracia, pactando con el terrorismo hasta confundir la autonomía académica, organizacional y presupuestal con la extraterritorialidad.

Para Sota la nueva ley democratizaría el sistema de elección porque introduce el voto universal. El raciocinio es falaz, pues aun cuando parezca políticamente persuasivo es lógicamente incorrecto: en el mundo académico no rigen los mecanismos políticos propios de una república; el tamaño y la representación universitaria se reduce drásticamente en la Asamblea; el Tercio Estudiantil, como institución desaparecería; y nadie puede garantizar que miles de estudiantes realmente concurran a votar. Si se quiere impedir la existencia de algunos “conversables”, que se busquen adecuados mecanismos de control, pero sin atentar contra los derechos estudiantiles.

En cuanto a la despolitización, se equivoca Sota. La política correctamente entendida debe estar presente en las universidades, pero la politización perniciosa debe erradicarse. Por eso, como señala el presidente de la ANR, Iván Rodríguez, “En caso se realicen las elecciones mediante el sistema un estudiante-un voto, los candidatos van a realizar promesas que de no cumplirse van a traer muchos más malestares que el sistema actual [...] Según el proyecto, votan obreros, empleados, graduados, profesores, alumnos, así que hay una implicación de toda la universidad y entrarán en agitación para escoger a la persona que gobernará la universidad. Para alcanzar el voto de 30 mil alumnos, los candidatos tendrían que ir a cada facultad y organizar eventos masivos que terminarán por politizar aun más a las universidades”.

En cuanto al clamor de Sota por incrementar la legitimidad de los rectores, aclaremos que (salvo eventual digitación espuria) esta no nace del sistema eleccionario sino de su calidad personal, los méritos académicos y la capacidad de gestión.

Por lo demás, preciso al señor Sota que aprecio el esfuerzo empresarial por desarrollar la educación en el Perú y como director de una cátedra en la USMP me preocupa el destino de las universidades privadas regidas por el D.L. 882, siempre y cuando tengan la calidad, certificación y ejecutoria probada. Así delimitado el espectro, por respeto a su autonomía y en acatamiento al fallo del TC, reitero que debe acatarse lo que para su gobierno se establezca en los respectivos estatutos institucionales.

Finalmente, y debido a que en la “respuesta” de Sota parece deslizarse el concepto de que defiendo a las universidades regidas por una norma promulgada bajo el fujimorato, recuerdo que, a principios de los años 80 Sendero me expulsó de San Marcos y en 1995 —tras un reingreso pedido por los alumnos— dejé la cátedra sanmarquina en protesta por la intervención montesinista. No estaba dispuesto a dar clases con soplones del SIN infiltrados en las aulas. Creo, modestamente, que ese atropello no se hubiera prolongado si otros profesores y rectores hubiesen tenido equivalente reacción ética.

Fuente: El Comercio

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